La ex presidenta Cristina Kirchner rompió este viernes el silencio y afirmó que a ella «nunca nadie» le «pagó nada por firmar un decreto» y reclamó que el empresario Gabriel Romero, que hizo esa acusación, «diga a quién y cómo» le entregó sobornos, al tiempo que habló de un «evidente manejo extorsivo de la figura del ´arrepentido´».
El último jueves, el líder del grupo EMEPA, Romero, se sumó a la lista de empresarios y ex funcionarios que se acogieron a la figura del «arrepentido» y afirmó que pagó sobornos por 600 mil dólares al gobierno de Cristina Kirchner para que le extendiera por decreto la concesión del explotación de la Hidrovía del Río Paraná.
Tras un prolongado silencio respecto de la mega causa que investiga el supuesto pago de coimas por la obra pública a la gestión anterior, la actual senadora respondió a esa acusación y afirmó: «Sería muy interesante que el señor Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni éste ni ningún otro decreto».
En una carta difundida a través de las redes sociales y de su página web, la ex presidenta sostuvo que, en un principio, había decidido «no hacer comentarios sobre remiseros ´arrepentidos´ que dicen» haberla «visto en pijama» ni sobre «ex funcionarios de cuarta línea» que no integraron su gobierno pero describen «excursiones casi turísticas» a su dormitorio.
De esta manera le restó importancia a las declaraciones de Oscar Centeno, ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, y del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, pero subrayó que tiene «la obligación» como ex presidenta de pronunciarse sobre lo dicho por Romero.
La ex mandataria recordó que la Ley de Emergencia Pública sancionada en 2002 autorizó al Poder Ejecutivo a «renegociar los contratos de obras y servicios públicos concesionados» y que uno de ellos era el de la empresa Hidrovía S.A, de Romero, cuya concesión fue aprobada en 1995.
Según explicó, en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que tenía como función «hacer operativas las renegociaciones ordenadas» y que esa unidad firmó en 2007 con Hidrovía una Carta de Entendimiento para lograr la renegociación de la concesión.
De acuerdo al relato de la ex mandataria, el obstáculo para la renegociación era Hidrovía figuraba como «gran deudora de la AFIP por la liquidación» de IVA y que ella misma le dijo a Romero que el Ejecutivo no podía resolver ese problema y que «no iba a firmar absolutamente nada sin la intervención del Congreso porque se trataba de materia impositiva».
En su carta, Cristina Kirchner recordó que en 2008 el Congreso sancionó la ley 26.453 «que interpretó específicamente una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de obras de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables».
Sancionada esa norma, «la Carta de Entendimiento firmada por UNIREN y la empresa Hidrovía S.A. se sometió al proceso de audiencia pública» y en 2009 «la empresa y la UNIREN suscribieron una propuesta de Acta Acuerdo que contenía los términos de la renegociación del contrato».
La senadora explicó que tanto la Procuración del Tesoro como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intervinieron en ese proceso y señaló que «lo más distintivo» fue que «por tratarse de facultades delegadas» el contenido del Acta Acuerdo «fue obligatoriamente sometido a consideración y aprobación del Congreso».
«Cabe aclarar que la aprobación del Congreso de la Nación era condición imprescindible para la ratificación del Acta Acuerdo.
O sea, sin Parlamento, no había decreto», remarcó la ex presidenta, quien además sostuvo que el Congreso incluso hizo modificaciones a la propuesta del acta.
En la misma línea, Cristina Kirchner señaló que el decreto 113/2010 cumplió con la obligación del Ejecutivo de «ratificar los acuerdos alcanzados».
«O sea que mi intervención como Presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso», agregó.
Tras remarcar que ella no cobró dinero por ningún decreto «ni por llevar adelante ninguna de las medidas» de su gestión, la ex mandataria agregó: «Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos».
Por último, consideró que «el evidente manejo extorsivo de la figura del ´arrepentido´ llevado a cabo por (el juez Claudio) Bonadío y (el fiscal Carlos) Stornelli, es sencillamente escandaloso».
La ex presidenta sostuvo que ese manejo «cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este Gobierno que ha provocado que el país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social».
