El fundador de Obras, Ricardo Belmont, confesó haber recibido un pedido de la Embajada de Estados Unidos, le solicitaron votar a favor de las facultades legislativas para Keiko Fujimori. Según sus declaraciones, fue llevado a la embajada por un amigo antes de la definición en el Senado. 

El resbalón y la negación posterior

Durante una entrevista con Rosa María Palacios, Belmont dejó escapar que el diplomático estadounidense sí le consultó sobre la votación. «Sí, a mí me dijo. ¿Cómo no me va a decir?», afirmó el exalcalde.

No obstante, ante la insistencia de la entrevistadora, Belmont dio un giro abrupto en su relato. Negó que se le hubiera pedido votar de una manera determinada.

El líder de Obras identificó a su interlocutor como Josh Morris, encargado de Asuntos Políticos de la Embajada. Aseguró que a sus 81 años nadie puede presionarlo.

El Senado todopoderoso que ningunea a Diputados

Estas declaraciones ocurren en medio de la fuerte repercusión por la aprobación de las facultades legislativas. El Senado se instaló de facto como un órgano todopoderoso.

Belmont justificó el apoyo de tres de sus senadores otorgando el «beneficio de la duda» al gobierno. Aseguró que lo hizo para evitar que los acusen de obstruccionismo.

Sin embargo, esta maniobra consolida un unicameralismo encubierto. La Cámara Alta ahora tiene plenos poderes para modificar lo que apruebe la Cámara Baja.

Fisuras internas en la bancada de Obras

Pese a esta justificación, el líder de Obras mostró graves fisuras en su propia bancada. Reconoció que tres senadores votaron con el fujimorismo y una se abstuvo.

Belmont advirtió que aquellos congresistas que no sigan la línea de la «locomotora» deben abandonar el partido. Esta postura revela la fragilidad de su alianza.

El exalcalde afirmó que si el gobierno «mete bala«, él marchará en las calles. No obstante, su voto en el Senado ya le entregó las herramientas legales para hacerlo.

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La confianza en el liderazgo de Keiko Fujimori se desploma sin freno, un reciente sondeo de Bloomberg Línea revela un dato demoledor. Su aprobación ha caído drásticamente hasta el 28,3% a principios de octubre, un descenso de 14,5 puntos con respecto al mes anterior.

Según la encuesta fue realizada por AtlasIntel para Bloomberg News, la desaprobación de Fujimori ascendió al 53,6%, lo que representa un aumento de unos 13 puntos.

Los motivos de esta caída son claros y contundentes, los ciudadanos peruanos expresan profundos temores económicos y de seguridad. La percepción de un gobierno incapaz de controlar el crimen y la inflación golpea directamente su gestión.

El mensaje de los mercados: Retórica de mano dura vs. realidad económica

La publicación de estos datos en un medio de peso económico como Bloomberg es muy relevante. Envía un mensaje directo y severo a los mercados internacionales.

Ocurre en un contexto de profunda contradicción política. Mientras Keiko Fujimori intenta emular el estilo autoritario de Nayib Bukele, la realidad peruana es muy distinta.

Los precios de los combustibles y de la canasta básica se disparan sin control y la retórica de «mano dura» no llena los platos ni baja el precio del galón de gasolina.

Queda claro que los mercados castigan la improvisación, la inseguridad jurídica y la inestabilidad política. El modelo de seguridad que Fujimiiiri promueve no resuelve la crisis del bolsillo ciudadano.

El veredicto regional: Keiko pierde 6,1 puntos en un mes

Por otro lado, el ranking de octubre de CB Global Data es implacable, Keiko Fujimori registró la mayor caída mensual entre todos los mandatarios de América Latina.

Su aprobación bajó del 52,4% en septiembre al 46,3% en octubre, esto representa una pérdida de 6,1 puntos porcentuales en solo 30 días.

Mientras tanto, su desaprobación subió al 50,8%, por primera vez, el rechazo supera ampliamente al respaldo ciudadano.

Los líderes que dejan a Keiko en el camino

El contraste con los líderes regionales es brutal. Claudia Sheinbaum de México lidera el ranking con 69,3% de aprobación, la sigue Nayib Bukele  con 68,3%. Luis Abinader de República Dominicana ocupa el tercer lugar con 51,9%.

La hija del exdictador peruanos quedó por debajo de Laura Fernández de Costa Rica (51%) y Abelardo de la Espriella de Colombia (49,7%). También perdió terreno frente a Daniel Noboa de Ecuador, quien subió al sexto lugar con 47,5%.

Los 6 peores: El fondo del ranking regional

Los últimos lugares del ranking muestran a presidentes con crisis profundas. José Raúl Mulino de Panamá ocupa el puesto 13 con 36,5%, Javier Milei  está en el puesto 14 con 36,1%. Daniel Ortega de Nicaragua le sigue con 35,7%.

Los tres últimos lugares son para Yamandú Orsi de Uruguay (35,2%), Delcy Rodríguez de Venezuela (32,3%) y Bernardo Arévalo de Guatemala (31%).

Desaprobación superior al 50% antes de su viaje a El Salvador

Esto ocurre justo antes de su visita oficial a El Salvador, programada del 28 al 31 de octubre. Allí, Fujimori buscará reunirse con Bukele y recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Sin embargo, los datos de las encuestas son fríos y contundentes. Copiar el modelo de una prisión no resolverá la crisis de gobernabilidad en el Perú.

Un presunto audio atribuido a Fernando Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes reaviva la polémica en Bolivia. La grabación revela una presión directa al presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción. «Si tiene que haber muertos, quiero muertos«, se escucha en la conversación.

En la grabación, atribuida al consultor argentino Fernando Cerimedo y al diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, se escucha cómo Cerimedo presume de haber dado un ultimátum directo al mandatario. La frase es literal y escalofriante:

«Presidente, o nos caemos por inútiles o nos caemos porque hay muertos. Y si usted me pregunta, yo prefiero correr el riesgo de que haya muertos. La gente está rogando por el estado de excepción, hermano».

La confesión grabada: «Que sea por las malas»

El audio no deja lugar a dudas sobre el poder de influencia que el consultor ejercía sobre el Ejecutivo. Cerimedo expone su profunda frustración con los ministros que buscaban el diálogo. Su postura es radical y despectiva:

«O nos caemos por las buenas o nos caemos por las malas. Si nos caemos, que sea por las malas porque tenemos más posibilidades. Y yo no voy a arruinar mi carrera profesional para estar al lado de unos tibios que te van cambiando de opinión», se escucha decir en la grabación.

El consultor llega a insultar a miembros del gabinete en la grabación: «Entra el idiota de Lupo o entra un idiota de estos ministros y le cambian la ecuación». Esta división interna habría generado la furia del operador argentino, quien presionaba por una salida de fuerza.

La reacción del Legislativo: «¿Dónde está la seguridad del Estado?»

El escándalo ya golpea directamente las puertas de la Asamblea Legislativa. Los parlamentarios exigen respuestas urgentes ante la gravedad de las revelaciones de las últimas horas.

La preocupación va más allá del contenido del audio. Se cuestiona una evidente vulneración a la privacidad en las más altas esferas del poder en el país altiplánico. Como señalaron algunos legisladores:

El senador Freddy Castillo y otros legisladores han solicitado formalmente que el diputado Alejandro Reyes comparezca ante los medios. La Agencia de Noticias Fides (ANF) recoge estas exigencias de fiscalización.

«Este señor grababa a todo el mundo. Lo ha grabado al presidente, ha grabado a la esposa del presidente, ahora graba diputados. ¿Dónde está la seguridad del Estado?».

El modus operandi: Espionaje y desestabilización

Los legisladores advierten sobre un patrón alarmante. No se trata solo de un audio aislado, sino de una práctica sistemática de grabación y filtración selectiva para chantajear o presionar.

El contenido del audio revela, además, negociaciones internacionales oscuras. Cerimedo hablaría con total impunidad de «tumbar embajadores, traer aviones y hacer negociaciones con estadounidenses, israelíes, argentinos y uruguayos».

La gravedad de las declaraciones es tal que los parlamentarios no dudan en calificar la situación con dureza: «Es increíble cómo este asesor extranjero delincuente hable de una manera tan despectiva y malcriada sobre la primera autoridad de este país». Se ha preguntado la diputada Claudia Her en los medios locales.

Fernando Cerimedo: El operador transnacional del caos

El nombre de Fernando Cerimedo no es nuevo en los archivos de Ecos Latinos. Este consultor argentino ya fue denunciado en Perú, donde habría operado una red de 50,000 bots para manipular elecciones a favor de Keiko Fujimori.

En agosto de 2026, fue detenido en Bolivia. Enfrenta graves acusaciones, incluyendo denuncias por feminicidio en contra de su mujer embarazada. Durante las pesquisas las autoridades encontraron una «mini granja de bots» en La Paz. Su patrón es siempre el mismo: infiltrarse en crisis políticas, ofrecer soluciones autoritarias y ejecutar operaciones de desestabilización.

El diputado Alejandro Reyes actuaría como uno más de sus enlaces. Según se desprende del audio, Reyes se compromete a «bajar línea» y alinear al partido Alianza Unidad, liderado por el empresario Samuel Doria Medina, con los intereses del consultor.

La encrucijada: Verificación forense y responsabilidad política

El reporte de ANF subraya que la grabación aún carece de un peritaje forense definitivo. Sin embargo, la responsabilidad política de aclarar el contenido es inmediata e ineludible.

Si el audio es falso, Reyes tiene la obligación de desmentirlo con pruebas contundentes. Si es verdadero, la Fiscalía debe actuar de oficio por incitación a la violencia, espionaje ilegal y conspiración contra el orden constitucional.

La Cancillería peruana ha optado por la estrategia del avestruz. Ante el escándalo internacional por la presencia del diplomático Fernando Mauricio Suni Carrillo en el Congreso boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Spa, emitió un comunicado buscando justificar el vergonzoso incidente.

La ficción del «oyente» en el hemiciclo

En el corazón de su defensa, la Cancillería sostiene una versión que choca frontalmente con las acusaciones de los legisladores bolivianos recogidos por la prensa internacional. El comunicado afirma textualmente:

«Las acciones desplegadas por el funcionario diplomático peruano en la Asamblea Legislativa boliviana se limitaron estrictamente a sus funciones de recabar información como oyente, en una audiencia pública en ejercicio de sus labores de representación.»

Sin embargo, los videos grabados por asambleístas bolivianos muestran una realidad muy distinta. En las imágenes, Suni Carrillo no aparece como un observador silencioso, sino como parte activa de una delegación conjunta de Estados Unidos, Argentina y Perú que operó bajo la bandera del «Escudo de las Américas». La delegación distribuyó códigos QR, estableció contactos directos con legisladores y fue abordada por una asambleísta en medio de un cabildeo agresivo dentro del hemiciclo.

El escudo legal de la Convención de Viena

Para blindar a su funcionario, el Ministerio de Relaciones Exteriores recurre al derecho internacional, argumentando que:

«El seguimiento e información sobre las condiciones y la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales en el Estado receptor constituye una función propia de los funcionarios diplomáticos acreditados en el exterior en el marco de la promoción de relaciones amistosas entre los Estados.»

No obstante, esta justificación ignora deliberadamente las denuncias de los propios asambleístas bolivianos, quienes denunciaron transferencias de 40.000 dólares a diputados para aprobar la destitución del fiscal Roger Mariaca.

Además, la Cancillería omite que el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un documento firmado por 15 países (incluido el Perú) «aplaudiendo» la destitución del fiscal, lo que demuestra que no fue una simple labor de «seguimiento», sino una operación de presión geopolítica coordinada.

Bolivia caso Cerimedo: Diplomático peruano involucrado en presunta compra de votos para destituir al fiscal Mariaca

El objetivo: blindar a Cerimedo

Toda esta operación tiene un beneficiario claro: Fernando Cerimedo, el asesor argentino de extrema derecha acusado de tentativa de feminicidio, violencia familiar y enriquecimiento ilícito, a quien el fiscal Mariaca tenía bajo investigación. Recientemente, la abogada Nadia Beller publicó imágenes de Cerimedo con el hijo de Donald Trump, y un audio filtrado lo muestra negociando permisos para narcoaviones en el Beni por 15.000 dólares.

Al destituir a Mariaca, el «Escudo de las Américas» logra enterrar la investigación contra un operador con vínculos internacionales y acusaciones de narcotráfico, mientras los 15 países de la alianza —incluido el Perú— celebran oficialmente las «acciones decisivas» del gobierno boliviano.

La ironía de la «no injerencia»

Quizás el párrafo más irónico del comunicado sea aquel donde la Cancillería intenta lavar la imagen del Perú en el exterior:

«El Perú es un país que respeta plenamente la soberanía, la independencia y la integridad de todos los Estados del mundo… En ese sentido, el Perú observa fielmente el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado.»

La versión oficial de Lima no solo es inverosímil; es una ofensa a la inteligencia pública. El Perú no solo guardó silencio ante lo que la oposición boliviana califica como el «secuestro» del fiscal Mariaca, sino que envió a sus representantes a tomar notas mientras, según las denuncias, se compraban votos en el corazón de los Andes para blindar a un operador de la extrema derecha con vínculos con el narcotráfico.