Ante estos casos de corrupción la empresa constructora ha sido acusada por ocultar 100 millones de dolares en un banco extranjero.
El grupo brasileño de construcción Camargo Correa movió 100 millones de dólares (85,8 millones de euros) entre 2008 y 2011 en un banco de Andorra, un pequeño país europeo considerado hasta el pasado año paraíso fiscal. La tercera compañía de infraestructuras del país latinoamericano manejó estos fondos a través de una madeja societaria vinculada a dos exejecutivos y a la propia corporación empresarial, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La jueza Maria Àngels Moreno investiga desde 2017 el dinero de Camargo Correa en Andorra. Las pesquisas indagan un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con corrupción.
La magistrada analiza si Camargo Correa se sirvió del minúsculo Estado europeo para lavar el dinero destinado a sobornar a políticos y altos funcionarios de Latinoamérica a cambio adjudicaciones de obra pública.
Camargo Correa –una mole con tentáculos en 22 países que en 2014 registró un ingreso neto de 9.656 millones de dólares (8.286 de euros)- niega las acusaciones.
El modus operandi de la compañía emularía –según la investigación- al ejecutado hasta 2016 por Odebrecht, la constructora brasileña que tambaleó los cimientos políticos de Latinoamérica tras reconocer el pago de 788 millones de dólares (682 millones de euros) en comisiones ilegales a funcionarios y primeros ministros de 12 países.
El capital de Camargo Correa en el pequeño país europeo circuló a través de una telaraña de seis cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Dos de estas cuentas, estaban cifradas, una muralla para blindar la identidad del cliente.
Las pesquisas de la jueza han destapado el “origen desconocido” de los fondos en Andorra de Camargo Correa. Y que, tras sociedades instrumentales asociadas al gigante brasileño en el Principado, como Joyfield Overseas SA, figuraron los exdirectivos Pietro Francesco Giavina y Fernando Dias Gomes. Se trata de ejecutivos que fueron arrestados en 2009 por el caso Castillo de Arena, que indagó una trama de comisiones ilegales y de financiación de campañas a cambio de adjudicaciones de obras en Brasil y Perú. El Tribunal Supremo de Brasil archivó Castillo de Arena en 2011 aludiendo a la nulidad de los pinchazos telefónicos que sustentaban las acusaciones.
