La fiscalía brasileña ordeno este miércoles que se realice una investigación al juez de apelaciones que provoco un escándalo judicial el fin de semana al ordenar sin éxito la liberación del expresidente Luíz Inácio Lula da Silva, una decisión que puede ser tomada con un crimen de «prevaricación».
La fiscal general, Raquel Dodge, pidió la apertura de la investigación al Superior Tribunal de Justicia (STJ) asegurando que se trató de un «episodio atípico e inesperado que produjo efectos nocivos sobre la credibilidad de la justicia» brasileña.
Dodge aseguró que «hay evidencias», incluso, de que el juez Rogerio Favreto, que estaba de guardia cuando tomó la decisión, «actuó motivado por sentimientos e intereses personales», según un comunicado de la procuraduría.
