Congresistas de distintas bancadas presentaron la tarde de este miércoles ante el Tribunal Constitucional una demanda contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, la cual fue publicada el último lunes tras ser aprobada por insistencia por el pleno del Congreso la semana pasada.
La demanda de inconstitucionalidad contra la norma que promovió el legislador Mauricio Mulder fue una iniciativa de la bancada de Peruanos por el Kambio, que logró reunir las 33 firmas necesarias por ley para la presentación del recurso.
Entre los parlamentarios que suscriben la norma se encuentran Gilbert Violeta, Carlos Bruce, Mercedes Araoz, Patricia Donayre, Juan Sheput, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio); Gloria Montenegro y Eloy Narváez (APP); Yonhy Lescano (Acción Popular); Tania Pariona, Indira Huilca, Richard Arce y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú); María Elena Foronda y Zacarías Lapa (Frente Amplio); así como Estelita Bustos, Gino Costa, Alberto de Belaunde, Clayton Galván, Roberto Vieira y Vicente Zeballos (no agrupados).
De acuerdo a la demanda, la ley de publicidad estatal no solo contraviene la Constitución, sino además la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, señala que se han violado los derechos a la observancia del trámite legislativo en la aprobación de las disposiciones normativas por parte del Congreso; el derecho al acceso a la información y el derecho a la participación política. Estos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y vulnerados en la forma y en el fondo, se señala.
“Creemos que el caso de la aprobación de esta ley es un caso paradigmático de lo que se conoce también como “legislación exprés” y que se ha vuelto tan común en este Congreso. Consideramos que, con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debería quedar claro que este es un fenómeno que no encuentra asidero en nuestro sistema jurídico y que atenta contra los principios de interdicción de la arbitrariedad y de democracia deliberativa que orientan los alcances y límites de los artículos 105 de la Constitución y 78 del Reglamento del Congreso”, se lee en la demanda.
Más adelante, en cuanto a la presunta inconstitucionalidad por el fondo, los demandantes se refieren al atentado contra los derechos de acceso a la información y participación política. También aducen que la medida es “desproporcionada e irrazonable”.
