La Corte Suprema de Perú amplió a 36 meses la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, uno de los principales implicados en un escándalo de corrupción en la Judicatura peruana, informó hoy un comunicado oficial.
La decisión fue tomada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, mientras Ríos es investigado por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad-organización criminal, cohecho pasivo específico e impropio y tráfico de influencias agravado, reseñó Efe.
La medida consideró que los 18 meses impuestos el pasado 20 de julio contra Ríos por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria eran «insuficientes» para que la Fiscalía cumpla con sus múltiples diligencias «en atención a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad».
El tribunal supremo también enfatizó en «la naturaleza y complejidad del proceso» en que está implicado Ríos quien, según la Fiscalía, integra la organización criminal denominada «Los cuellos blancos del puerto».
Para la Fiscalía, esa organización, varios de cuyos presuntos miembros fueron detenidos el 29 de julio pasado, estaba conformada por abogados, funcionarios y servidores de instituciones de la Judicatura así como empresarios que financiaban los actos ilícitos.
La sala suprema, que es presidida por el juez Jorge Salas e integrada por los magistrados José Neyra y Ramiro Bermejo, se pronunció tras revisar un expediente de unas 800 páginas, que contiene la formalización de la investigación preparatoria, el requerimiento de prisión preventiva y 69 «elementos de convicción».
Ríos dimitió a su cargo en julio, al ser uno de los principales protagonistas de la serie de grabaciones telefónicas difundidas en medios de comunicación que desvelaron la amplia red de corrupción judicial formada por importantes jueces, empresarios y políticos.
Otro de los involucrados es el ahora suspendido juez supremo César Hinostroza, quien incluso ofreció absolver al violador de una menor de 11 años y coordinó reuniones con una «Señora K» de la «fuerza número uno», nombre en clave que presumiblemente puede referirse a Keiko y su partido Fuerza Popular, aunque estos niegan cualquier vínculo.
Las escuchas le costaron el cargo al ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien fue reemplazado en ese despacho por Vicente Zeballos, y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos Ríos, que pedía un soborno de al menos 10.000 dólares a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal.
En ese momento, también a los consejeros del CNM Guido Aguila y Julio Gutiérrez, mientras que los demás integrantes de ese organismo fueron destituidos luego por el Congreso, y el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dimitió.
Además, el pleno del Congreso declaró en emergencia durante 90 días al CNM y determinó el cese de todos los funcionarios de confianza (elegidos de manera directa) del organismo, mientras que el presidente Martín Vizcarra anunció una serie de proyectos para reformar a la Judicatura.
